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Embalse de La Baells, que almacena menos de un tercio de su capacidad máxima
 (Mané Espinosa)

Debido a la sequía, la Generalitat asignó a los municipios en la fase alerta una dotación máxima de 250 litros por persona y día (incluyendo todos los usos, no solo el doméstico) mientras que en la actual fase de excepcionalidad son 230 litros por persona y día. Y si se alcanza la fase de emergencia serán 200 litros por persona y día. 

Para asegurarse que los municipios siguieran estas órdenes, la Generalitat decidió imponer sanciones. El decreto de sequía prevé multas para los ayuntamientos de hasta 10.000 euros y hasta 150.000 euros respectivamente por estos incumplimientos.  

Ciertos partidos Catalanes se oponen a estas medidas que hasta PSC y Junts han obligado al Govern a negociar un nuevo decreto de sequía para flexibilizar esta situación. Sin embargo, la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, recalcó que “no hay una vocación de imponer multas a los ayuntamientos”, sino que el establecimiento de las sanciones “tiene una finalidad disuasoria”, no recaudatoria. “La voluntad no es hacer enfadar a todo el país por cuatro duros”, dijo gráficamente. “Queremos ayudar a que los municipios cumplan sus deberes”, añadió.

Respecto al régimen sancionador, el Govern contará con En Comú Podem como aliado en la cumbre. Para los comunes, las multas no son un problema “si las acordamos”, avisan, y de hecho proponen aprobar un decreto en el que se publiquen las corporaciones que más agua consumen.

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